EJECUCIONES EXTRAJUDICIALES: SELLO DEL SEXENIO
Por: Sanjuana Martínez junio 15 de 2012 - INVESTIGACIONES
Cristina Compeán con la foto de su hijo. Foto: Sanjuana Martínez
Como cada jueves, Cristina Compeán Olmeda lleva a sus tres nietos a terapia psicológica para superar el asesinato de su padre ocurrido hace dos años. La justicia y la reparación del daño serían, para ella y su nuera, elementos indispensables para hacer un duelo que resulta interminable ante la impunidad: “Quiero justicia. La indemnización nunca llegó. Ni siquiera sabemos los nombres de los marinos que lo asesinaron. Ya es hora que nos den explicaciones”.
La desaparición forzada, tortura y ejecución extrajudicial de su hijo José Humberto Márquez Compeán, es uno de los casos más emblemáticos de violación de derechos humanos en la guerra contra el narco emprendida por Felipe Calderón Hinojosa. La Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió el 7 de junio del año pasado la recomendación 34/2011 en donde instaba a la Secretaría de Marina Armada de México (Semar) a indemnizar a la familia porque fue “torturado y asesinado por marinos”.
Las ejecuciones sumarias se han convertido durante el sexenio de Calderón en un método ilegal de ataque contra civiles por parte del Ejército, la Marina, la Policía Federal y las policías estatales y municipales. La CNDH ha emitido 31 recomendaciones por ejecuciones extrajudiciales dirigidas a la Sedena, Marina y Secretaría de Seguridad Pública federal, principalmente, relacionadas con hechos que dejaron un saldo total de 47 civiles muertos desde el inicio del sexenio.
Dos de las recomendaciones se registraron en 2007, cinco en 2008, dos en 2009, ocho en 2010, y 14 el año pasado. En el caso de la ejecución extrajudicial de Marquez Compeán, nueve días después, la Semar aceptó la recomendación, pero nunca llevó ante la justicia a los responsables ni indemnizó a la familia: “La Marina nunca se acercó a nosotros”, afirma su madre. “Nadie del gobierno nos ha respondido. Tiene que haber castigo, quiero que se haga justicia, que caigan los responsables. Fue un homicidio, un crimen. Han pasado dos años y nada. La Marina están mal. Detienen a los muchachos, no los interrogan, nomás los suben a sus camionetas y se los llevan. Luego resulta que hay cientos de desaparecidos, torturados y ejecutados. Tienen permiso para matar injustamente. Son impunes”.
EN EL LUGAR EQUIVOCADO
El domingo 21 de marzo de 2010, José Humberto, quien trabajaba como albañil y los fines de semana vendía quesos, se levantó temprano en casa de su madre y fue a su casa ubicada en el municipio de Santa Catarina para desmontar un aire acondicionado que necesitaba.
Luego de terminar el pendiente, caminó hasta la calle Manuel Ordóñez a esperar el autobús de regreso a la colonia Sierra Ventana de Monterrey donde lo esperaban su esposa y sus tres hijos. Era alrededor del mediodía cuando supo que estaba en el lugar y la hora equivocados: “En ese momento, en las calles de Santa Catarina se registro una balacera. Él quedó en el fuego cruzado y lo agarraron. Lo subieron a una patrulla de la policía de Santa Catarina junto con otro muchacho que iba herido. Luego, los policías se encontraron un convoy de la Marina y se los entregaron. Ninguno de los dos tenían nada que ver”.
Según el informe de la CNDH, la Semar proporcionó apoyo y traslado en helicóptero al hospital donde dejaron al joven herido Lucio Barajas con el secretario de Seguridad Pública de Santa Catarina, Luis Eduardo Murrieta Maya, quien aclaró que perdió contacto con Márquez Compeán luego de que acudieron al Hospital Universitario porque permaneció con los marinos en calidad de detenido, mientras el otro herido fue dado de alta y liberado el 24 de marzo.
La versión de la Semar fue que dejó a los dos detenidos en el hospital como Murrieta Maya, algo que el funcionario negó categóricamente ante el Ministerio Público. El caso cobró inmediatamente relevancia porque los medios de comunicación tomaron una foto de José Humberto Márquez Compeán mientras los marinos lo subían en el helicóptero. Se trataba, según la información oficial, de un narcomenudista. Durante el domingo, la familia de Márquez Compeán lo esperaron con angustia: “No llegó y el lunes en la mañana nos avisaron que lo habían visto en la tele, que estaba detenido. Intenté localizarlo para saber donde lo tenían arrestado y no nos daban razón. Hasta que empezó un noticiero a las 12 en la tele nos enteramos de que la Marina se lo había llevado de Santa Catarina y apareció muerto”.
El 22 de marzo, la imagen de Márquez Compeán detenido por marinos mientras lo subían a un helicóptero fue utilizada para desmontar la versión de la Semar que intentó deslindarse inmediatamente del homicidio: “Después de 42 horas que lo tuvieron secuestrado lo fueron a tirar a San Nicolás de los Garza, a unos kilómetros del cuartel de la Marina Armada de México. Lo torturaron, los marinos le hicieron toda clase de torturas y apareció muerto”, dice su madre.
Fue arrojado a un terreno baldío. Estaba envuelto en una cobija con varias bolsas de plástico que contenían drogas. Su cuerpo presentaba señas evidentes de tortura. Servicio Médico Forense levantando el cuerpo sin vida de Márquez Compeán. Foto: www.doslaredos.blogspot.mx Durante horas intentó saber algo de su hijo, hasta que al final del día decidió ir al Anfiteatro del Hospital Universitario: “Fui a buscarlo. Lo reconocí por su colita de cabello. Estaba muy hinchado, golpeado en la cara y en su cuerpo. Me dijeron que le habían hecho toda clase de torturas. Lo martirizaron, querían sacarle una verdad que él desconocía totalmente. Era inocente”, dice sin poder contener el llanto.
La autopsia 692-2010 reveló que su hijo recibió múltiples lesiones, en el cráneo, tórax y abdomen producidas por “abuso de fuerza por terceras personas que causaron la muerte”. Más aún, el informe de la CNDH señala que fue asfixiado y que los marinos le colocaron las drogas con el objetivo de “dejar señales de que se trataba de un homicidio más que tenía vinculación con el narcomenudeo”.
“EXCESOS” SIN CASTIGO
En los últimos dos años, la Marina Armada de México ha incrementado en 150% las quejas por delitos y triplicado el número de recomendaciones de la CNDH. De 703 quejas, emitió 12 recomendaciones por ejecución extrajudicial, desaparición forzada, detenciones arbitrarias y tortura del 2010 al 2011.
A Cristina Compeán Olmeda de 45 años le cambió la vida. Tiene otro hijo de 26 años. Trabaja de intendente en una tienda con escasos ingresos. Hasta hace poco el miedo no le permitía acudir a las protestas ni hablar de su caso, pero eso cambió cuando la impunidad y la falta de reparación, empezó a afectar a toda su familia: “Si ando en la lucha es porque mis nietos se quedaron desamparados y mi nuera igual, sin el sustento”.
En su recomendación la CNDH instó a la Semar a indemnizar a la familia: “que se traduzca en una compensación justa y suficiente para los deudos y se les brindé atención psicológica de forma inmediata, adecuada y efectiva”.
La Marina Armada de México nunca cumplió. De hecho, la familia pagó los gastos de un funeral que todavía deben. Hace unos meses, Cristina encontró una esperanza, conoció a otras mujeres en su misma situación, familiares de víctimas de la Marina agrupadas en la asociación LUPA (Lucha por Amor, Verdad y Justicia) con la defensa de CADHAC (Ciudadanos en Apoyo a los Derechos Humanos, AC), organización que ofrece a la familia apoyo terapéutico gratuito con el activista social y psicólogo Rodolfo Salazar. Karina de 13 años, Cristina Gabriela de nueve y Ángel Humberto de cinco años acuden con su abuela a la cita de cada jueves para intentar sanar las heridas: “Ellos saben que su padre era inocente, pero no entienden porque unos señores marinos que se supone son los buenos, lo asesinaron”.
MATAR, LUEGO AVERIGUAR
La ejecución extrajudicial, el homicidio de manera deliberada por parte de un servidor público y bajo la potestad del Estado para justificar ese crimen ha sido un método común utilizado por las fuerzas del gobierno de Felipe Calderón en la guerra contra el narco. Generalmente el pretexto para asesinar es el llamado “fuego cruzado”, aunque en la mayoría de los casos, las víctimas estaban desarmadas.
Las fuerzas de seguridad argumentan luego de un asesinato de civil, que este ignoró un retén o hizo un “movimiento en falso” frente a un convoy militar y los soldados lo apreciaron como sospechoso. De acuerdo con datos de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, de las 31 recomendaciones realizadas por ejecuciones sumarias, 15 de las víctimas resultaron heridas por las balas del Estado; es decir, de la Marina, el Ejército o las distintas policías, pero murieron por falta de atención médica. Sencillamente, se les dejo morir.
Foto: Sanjuana Martínez
En otros cuatro casos, a las personas se les secuestró y luego aparecieron asesinadas, como el caso de Marquez Compeán. En cuatro de las personas asesinadas extrajudicialmente por militares, marinos o policías, murieron a consecuencia de los golpes. Mientras en una docena de casos más, las víctimas murieron al instante producto de los disparos y en cinco casos, las personas recibieron el llamado tiro de gracia, por la espalda o a menos de un metro de distancia.
En la mayoría de los casos, la estrategia de las fuerzas de seguridad del Estado fue desacreditar a las víctimas, señalarlos como sicarios o como delincuentes del crimen organizado.
POR UNA CAMIONETA
El doctor Otilio Cantú Foto: Sanjuana Martínez
Jorge Otilio Cantú Cantú Es el caso de Jorge Otilio Cantú Cantú a quien los militares le destrozaron la cara con cuatro tiros de gracia. Ocurrió el 18 de abril del año pasado, cuando el joven recién casado se dirigía a trabajar. Un retén de militares le disparó sin ordenarle el alto. Recibió 12 disparos. Le “sembraron” una pistola; le robaron el dinero de su cartera, cambiaron toda la escena del crimen e incluso movieron su cuerpo de posición para luego argumentar que el joven les disparó primero.
Los siete soldados que participaron en el asesinato señalaron a la víctima como un sicario. Aseguraron que les llamó la atención su camioneta pick up de reciente modelo y que lo siguieron y “repelieron la agresión”. Aseguraron que fue un fuego cruzado, pero gracias a que el padre del muchacho, el doctor Otilio Cantú González, salió inmediatamente en los medios de comunicación exigiendo la verdad y justicia, la Procuraduría de Justicia de Nuevo León inició las investigaciones y determinó que se trató de una ejecución extrajudicial por parte de los militares que en esos momentos hacían labores de policías del Estado.
A los pocos días, los militares confesaron su crimen ante el cúmulo de evidencias, pero ninguno de los siete pisó la cárcel. Pero aún, la juez Rosa Linda Zapata dictó auto de formal prisión contra ellos por “homicidio calificado y delitos contra la administración de justicia”, no por ejecución extrajudicial.
Sin embargo, después de la sentencia, la Secretaría de la Defensa argumentó que los inculpados serían juzgados por la justicia militar y presionó a la juez para que finalmente se declarara “incompetente”. En este caso, como en la mayoría la constante ha sido la impunidad.
Desde el principio, el doctor Otilio Cantú González ha luchado para conseguir que se lleve a la justicia civil a los siete asesinos de su hijo. Y le escribió una carta a Felipe Calderón: “Más de 15 disparos de armas de grueso calibre dieron en el cuerpo de mi hijo, pero no contentos con su barbarie todavía ya masacrado tuvieron la sangre fría, como cualquier sicario común, de propinarle cuatro balazos en su cara, para luego sembrarle un arma y casquillos percutidos en el intento de disfrazar su fechoría y hacerlo pasar por delincuente. Pero no contaron con que Jorge Otilio no era huérfano, que su familia lucharía para que se esclareciera el caso, y que la Procuraduría y sus peritos actuarían conforme a Derecho y después de un arraigo y peritaje juicioso se encontraron elementos suficientes para ser consignados siete elementos ante un juez, mismo que les dictó auto de formal prisión por homicidio calificado y actos cometidos en la administración de justicia”.
La justicia militar que juzga a los asesinos ha estado llena de oscuros episodios. Durante meses, el doctor Otilio Cantú González no supo nada de los inculpados que parecían protegidos por el fuero: “Me indigna el desconcierto que provoca no saber nada en el aspecto judicial por el secretismo y el ocultamiento que utiliza como estrategia la propia Sedena. Ahora, al parecer, de acuerdo con un medio de comunicación, me entero que después de 70 días el “Tribunal Castrense instruye la causa penal 239/2011 con motivo del fallecimiento del civil Cantú Cantú, la cual se encuentra en etapa de instrucción”.
Y añade: “Usted pidió perdón, sí, pero defendió su estrategia refiriendo que se debería pedir perdón, pero por no proteger a las víctimas a manos de los criminales y por no actuar sobre ellos con la celeridad debida, y que son los que están matando a estas víctimas. No me arrepiento de enviar las Fuerzas Federales a combatir a los criminales, concluyó usted, y yo le pregunto: ¿qué no son igual de criminales las Fuerzas Federales que masacraron a mi hijo Jorge Otilio y que envió de apoyo a Nuevo León? y, ojo, no se vaya a confundir, no estoy generalizando, pero no es el único caso en el que soldados infringen sus códigos de honor y denigran así su prestigio y su presencia”.
El doctor Cantú nunca recibió respuesta por parte de Felipe Calderón. El 20 de marzo del presente año –es decir, un año después del asesinato–, finalmente el padre de la víctima pudo ver a la cara a los acusados al asistir a una sesión del juicio castrense: “Ninguno tenía cara de arrepentimiento. Pedí verlos directamente, pero en ningún momento me pidieron perdón por lo que le hicieron a mi hijo, al contrario sus abogados me trataron muy mal durante el juicio donde ratifiqué la denuncia, querían que cayera en contradicciones pero no lo lograron”, dice en entrevista.
Fue testigo de los privilegios de los que gozan los siete inculpados arropados en el fuero militar por un lado, pero defendidos por dos abogados civiles: “Por un lado tienen todas las bondades que les otorga el fuero militar y por otro ellos si pueden usar abogados civiles, mientras yo no. Es inaceptable porque lo único que genera esta situación es impunidad”, señala.
Hace unas semanas se cumplió el primer aniversario del asesinato de Jorge Otilio Cantú Cantú y su familia y sus padres organizaron una misa, y realizaron un acto en su honor colocando una placa en el lugar donde fue acribillado por los soldados con el siguiente texto: “Jorge Otilio, te fuiste con el silencio en tus labios, sin poder decir adiós, se cerraron tus ojos y se apagó tu sonrisa, sin embargo en tu corto camino ha quedado tu huella para siempre por tu vida ejemplar y tus acciones”.
En diciembre del año pasado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) emitió la recomendación 73/2011 por el asesinato del joven y solicitó a la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) que atendiera el caso para que fuera revisado por un juez civil y no militar, pero el pasado 27 de marzo, la SCJN desechó la solicitud argumentando que la CNDH no está facultada para solicitarlo. El doctor Otilio Cantú González estuvo presente en la sesión y sufrió una gran decepción: “Cada día desconfío más de las instituciones. Escuche los argumentos del ministro Salvador Aguirre Anguiano y allí mismo me dije: si estos son los máximos señores de la justicia, que podemos esperar de los otros.
En México la justicia se da a cuenta gotas, cuando a los jueces les da la gana. Fue muy decepcionante”. Mientras tanto, los siete militares bajo proceso por el asesinato se defienden a pesar de ser considerados asesinos confesos. Promovieron un recurso de apelación ante el Supremo Tribunal Militar, tres juicios de amparo que conoce el Juez Octavo de Distrito en Materia Penal en el Distrito Federal y un recurso de revisión ante la Suprema Corte de Justicia, aún pendientes de resolver: “Ellos si gozan de todas las bondades. Felipe Calderón se ufana de lo que está pasando, se siente orgulloso, mientras miles de inocentes mueren. Estos militares son unos sinvergüenzas, unos asesinos”.
Al padre de la víctima le prometieron que en menos de un año los militares acusados estarían sentenciados. No ha sido así: “Estamos viviendo una pesadilla. La Sedena pretende cansarnos para que desistamos, para que nos olvidemos, pero no será así. Yo seguiré luchando hasta que se haga justicia, hasta que Dios me de fuerzas. Mi hijo me esta enviando toda la fuerza porque sabe que tenemos que sentar un precedente para que no le suceda lo mismo a otras personas. Lo que está sucediendo es una barbaridad. Somos muchos los que estamos sufriendo la impunidad de las fuerzas armadas”.
ESTUDIANTES DEL TEC, NO SICARIOS
Desde que Felipe Calderón decidió lanzar la guerra contra el narco, las quejas contra efectivos del Ejército aumentaron de 367 en 2007 a casi 1700 por ciento en 2011, según la Comisión Nacional de Derechos Humanos que sitúa en más 6 mil los expedientes.
La Marina sigue la misma senda con 495 quejas durante el año pasado. Peor aún, Human Rights Watch afirma que sólo 20 soldados han sido condenados entre más de 3 mil 700 investigaciones de presuntos abusos militares contra civiles durante el gobierno de Calderón. La impunidad es la constante.
Los estudiantes del Tecnológico de Monterrey lo saben y portaron pancartas exigiendo justicia para sus dos compañeros asesinados por militares hace dos años. Se congregaron más 600 a las afueras del Tec con pancartas donde se podía leer: “Prefiero la verdad a la ignorancia”, “Yo también soy Jorge”, “No más indiferencia”.
El 19 de marzo de 2010, Jorge Antonio Mercado Alonso de 23 años y Javier Francisco Arredondo Verdugo de 24, becarios del Tec, estudiantes de posgrado, “con beca de excelencia y excelente desempeño académico”, fueron señalados por el Ejército como sicarios que murieron en medio de una balacera ocurrida la madrugada frente al ITESM.
Peor aún: el 1 de mayo del 2010, Ricardo Nájera, vocero de la Procuraduría General de la República, dijo en conferencia de prensa que los dos jóvenes murieron debido al “fuego cruzado” entre soldados y presuntos delincuentes y afirmó que con el análisis de las balas incrustadas en el cuerpo de uno de ellos se acreditó un calibre usado por la delincuencia. Para llegar a tal afirmación, las investigaciones incluyeron 49 declaraciones ministeriales, 50 dictámenes periciales, 37 inspecciones ministeriales, dos protocolos de necroscopia y el levantamiento de los cadáveres, además del análisis del video tomado de la cámara fija de la caseta de Tec de Monterrey que le fue entregado a las autoridades.
Sin embargo, en la recomendación 45/210, la CNDH solicita a la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) indemnice a los familiares de los universitarios Francisco Arredondo Verdugo y Jorge Antonio Mercado Alonso, debido a “la responsabilidad institucional en la que incurrieron” los militares involucrados en los hechos ya que se comprobó que alteraron la escena del crimen, que golpearon a los jóvenes estudiantes en el rostro, les quitaron sus identificaciones e incluso editaron el video con las imágenes de los asesinatos de los estudiantes. Más aún: en el expediente se señala que todas las autoridades estatales y federales involucradas en la investigación bloquearon el acceso a documentos a los visitadores que pretendían verificar la verdad histórica de los hechos: “Se dio un “uso arbitrario de la fuerza pública, tratos crueles e inhumanos, alteración en la escena de los hechos, así como ejercicio indebido de la función pública”. “Es momento de exigir que se aclaren los crímenes de inocentes”, señaló la Federación de estudiantes del Tecnológico de Monterrey, que convocó a una guardia de honor y un ofrenda floral para recordarlos dos años después de los hechos y para protestar por la impunidad que aún cubre el caso.
David Pulido, estudiante del Tec, señaló que supuestamente hay un militar detenido por los asesinatos pero no conocen ni el nombre ni los avances de la investigación: “A dos años del asesinato no hay una sentencia. Los alumnos de la Federación de Estudiantes se han dado a la tarea de pedir los avances del caso a la Procuraduría Militar pero no hay transparencia”.
Recordó como el Ejército manipuló la escena del crimen e intentó convertir a los dos estudiantes como sicarios: “Felipe Calderón es el máximo responsable de estas muertes y de los 60 mil más. Él tiene que rendir cuentas. Él es culpable directamente al declarar esta guerra que ha dejado miles de violaciones de derechos humanos: torturas, ejecuciones extrajudiciales, secuestros, desapariciones. Él fue quien ordenó al Ejército salir a las calles sin tener una preparación, si tener una estrategia”.
Los asesinatos de los dos estudiantes han quedado como una huella indeleble en la historia del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey. El ex rector, Rafael Rangel Sostmann aseguró que el gran error que cometió tras la muerte de dos estudiantes fue confiar en el Ejército a través de información proporcionada por el procurador de Nuevo León y exigió justicia y reparación por este crimen: “A estos dos muchachos les pegó una granada, probablemente del Ejército, las personas que estaban ahí pues se asustan y tratan de borrar aquello por las implicaciones, pues para qué iban a quitar credenciales y limpiar todo, la identidad de aquellas personas”.
Después de señalar directamente al Ejército mexicano, Sostmann renunció a su cargo. Lamentablemente el nuevo rector David Noel Ramírez Padilla no ha tenido la firmeza necesaria para exigir el esclarecimiento de los asesinatos de los estudiantes del Tec y simplemente se ha referido a los hechos como producto de las circunstancias: “Es una vergüenza que este señor diga que los estudiantes murieron por las circunstancias. No fueron las circunstancias, fueron soldados los que los mataron, los ejecutaron.
Es una vergüenza que las autoridades del Tec con tanto poder, sean tan pusilánimes a la hora de alzar la voz para exigir justicia y para que finalmente todos sepamos la verdad de los hechos”, señala Pulido.
A BOCAJARRO
“Abran la puerta, hijos de la chingada”, gritó un marino a la una de la mañana el primero de septiembre del año pasado, al tiempo que golpeaba la puerta de entrada. En el interior Gustavo Acosta Luján, de 31 años permanecía despierto frente a la computadora. Se levantó y les dijo antes de abrir la puerta: “Tranquilos ahorita les abro, no estamos escondiendo nada”.
Gustavo quitó los cerrojos de la puerta que finalmente fue abierta con una patada. De pronto, se vio rodeado por varios hombres encapuchados con el chaleco de la Marina. Él levantó las manos en señal de rendición, pero uno de los marinos se acerco y le disparó en la frente. Su último reflejo fue proteger a su padre y salvarle la vida, se movió para taparlo y recibió el segundo balazo.
La Marina emitió un comunicado al día siguiente señalando a la víctima como sicario y mintiendo sobre los hechos, asegurando que se había tratado de un enfrentamiento en Apodaca, Nuevo León. Afirmaron que al repeler la agresión falleció un presunto delincuente, identificado como Gustavo Acosta Luján, M-3, de 29 años. Agregó que en el inmueble localizaron una subametralladora nueve milímetros, un rifle AR-15 y varias dosis de cocaína.
En realidad, según los testimonios recabados luego por organizaciones no gubernamentales y la propia CNDH, la escena del crimen fue modificada por los marinos y estos le “sembraron” un arma al joven ejecutado extrajudicialmente. Han pasado nueve meses desde entonces, y su padre Gustavo Acosta Reyes siente la misma desolación y tristeza por el asesinato de su hijo, jamás esclarecido. Es un caso paradigmático que fue utilizado por Human Rights Watch para exhibir el crimen de “ejecución extrajudicial” cometido por la Marina en la guerra contra el narco llevada acabo por Felipe Calderón.
Los padres de Gustavo Acosta Luján Foto: Sanjuana Martínez
La madre, María Eva Luján López acompaña a su esposo en un encuentro sobre desapariciones forzadas y otros crímenes de Estado. Ambos portan pancartas de protesta y siguen luchando para que la Marina reconozca el asesinato y repare el daño. Hasta ahorita no ha sido así, la institución no ha acatado las recomendaciones ni ha aceptado su culpa y los culpables siguen impunes. “A mi hijo me lo mataron a bocajarro”, dice María Eva. “Mi hijo les abrió la puerta. Nosotros estábamos en la planta de arriba y mi hijo Daniel de 20 años nos salvó la vida porque nos tiró al suelo porque balacearon toda la casa y la camioneta”. No puede contener el llanto, toda la familia padece las secuelas de la agresión y el asesinato: “No nos dan ninguna explicación del crimen. Cuando lo vi tirado y ensangrentado les dije: ‘¿Que le hicieron a mi niño?’ Y uno de ellos me contestó: ‘Cállese el hocico’. Me dijeron puras groserías, yo digo que no andan bien, andan drogados para poder trabajar y para darse valor. La Marina dicen que son los mejores preparados. Mentira. Primero se investiga y luego se dispara. A mi hijo me lo mataron impunemente”.
Lamenta el desprecio de la Marina y las autoridades que supuestamente defienden los derechos humanos en Nuevo León y México, ni la Procuraduría General de la República: “Cada vez que me acuesto siento los balazos sobre mi cabeza. Nomás veo la imagen de mi hijo allí donde cayó. ¿Qué pido? Pido justicia nada más, que detengan a los asesinos, aunque sean marinos”.
A su lado, está su hija Karen Paola de 22 años, quien la acompaña en el evento de protesta: “Nos tardamos meses en volver a nuestra casa, teníamos mucho miedo. ¿Pero que más? ¿A dónde nos vamos? Tengo miedo de dormirme y no levantarme. Oigo cualquier ruido y me asusto. Salgo y pienso que los que supuestamente están para cuidarnos nos pueden matar. Los marinos son delincuentes con sueldo que todos pagamos”. Inconsolable, su padre, soldador de profesión, insiste en que el nombre de su hijo debe quedar “limpio” de cualquier sospecha porque ya se demostró que no era un sicario como la Marina dijo: “Mi hijo era un hombre decente y aún aunque lo fuera, no tenían derecho de entrar a mi casa así, de llegar agrediendo y asesinando de esa manera. Mi hijo andaba en shorts de dormir, jugando con la computadora. Les abrió la puerta porque nosotros no debíamos nada. Todo sucedió en cuestión de segundos”.
Sin poder contener el llanto solicita la reparación del crimen para apoyar a su nieto de apenas cuatro años, hijo de Gustavo: “Él me salvó la vida. Quiero justicia, su hijo dependía de él. Pido una seguridad para el niño. Deben de hacer justicia y reparar daños. El dolor es tan fuerte. Yo lo viví en carne propia. ¿Por qué los marinos son impunes? Nunca nadie del gobierno se me acercó para lamentar lo que nos hicieron. No mataron un perro, quiero que el gobierno me responda. Y quiero ver a la cara al que disparó a mi hijo, al que me lo mató”.
SE ACUMULAN LOS CASOS
Los casos de ejecuciones extrajudiciales se le acumulan al gobierno de Felipe Calderón. Entre los más paradigmáticos, además de los anteriores, se encuentran los de Juan Carlos Peña y Rocío Elías asesinados en 2010 y rematados con el tiro de gracia por militares. Padres de dos niñas, trabajadores de una maquiladora fueron ejecutados extrajudicialmente en Anáhuac, Nuevo León a pesar de que levantaron los manos en señal de rendición cuando fueron detenidos en un retén.
Foto: Sanjuana Martínez
En la lista está incluida la ejecución extrajudicial de Patricia Terroba a quien los marinos dispararon 53 veces a su automóvil en medio del operativo contra Arturo Beltrán en Cuernavaca, y el de Gregorio Bojórquez quien al ver a los marinos se asustó y corrió y fue asesinado por la espalda en Mocorito, Sinaloa.
El Departamento de Estado de Estados Unidos destacó en su último informe el caso de la “ejecución extrajudicial” de Joaquín Figueroa Vásquez, Tito Landa Argüelles y Raúl Tecatl Cuevas, en Veracruz, por parte fuerzas de seguridad estatales y federales al señalarlos como “sicarios”. Fueron torturados y ejecutados con un tiro en la cabeza, pero las actas de defunción señalaban como causa de la muerte: “traumatismo craneoencefálico secundario y herida por proyectil de arma de fuego”.
Este caso fue atendido por la Comisión mexicana de Defensa y Promoción de los Derechos Humanos (CMDPDH) y presentado ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Además de estos casos emblemáticos, entre 2010 y 2011 la CNDH ha documentado la muerte de 150 “víctimas inocentes” a manos de los tres niveles de gobierno que actualmente están en proceso de investigación y recomendación. La respuesta del gobierno ha sido siempre: el silencio.
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